Expertos constitucionalistas alertan de la ineficacia de la vía jurídica al desafío catalán.

juntspelsiaVNGA grandes males, grandes remedios, decía Hipócrates. Y precisamente eso, soluciones a la altura de la dimesión del problema, es lo que hace falta para afrontar el desafío secesionista en Cataluña. Esa es la principal conclusión a la que han llegado los expertos constitucionalistas consultados por este diario al ser preguntados por la batalla jurídica que se avecina, después de que la recién constituida Mesa del Parlament catalán aceptase este martes tramitar una propuesta de resolución conjunta de Junts pel Sí y la CUP en la que piden aprobar el inicio del proceso hacia la independencia.
El contenido de la propuesta, en caso de ser aprobada por el pleno de la cámara, no deja lugar para la interpretación, según los expertos: sería claramente incostitucional y atentaría contra la actual legalidad democrática. Sin embargo, todos coinciden en que la respuesta jurídica no resolvería el problema. Por insuficiente, primero, y por las dificultades que en sí mismas entrañan las distintas opciones que contempla el Gobierno: recurrir a la recién aprobada reforma del Tribunal Constitucional (TC), que le da capacidad para actuar contra los cargos públicos que incumplan sus resoluciones, y en últimas instancia, aplicar el artículo 155 de la Carta Magna, que podría suponer la suspensión temporal de la autonomía.
Para resolver un problema de esta enjundia es necesario dar una solución política “Los dos escenarios son muy problemáticos. Es una situación muy difícil que no vamos a solventar jurídicamente”, afirma al respecto el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Roca. “No estamos hablando de un pleito de vecinos en un juicio de faltas. Es necesario que los políticos se encierren y no salgan hasta que lleguen a un acuerdo, porque cada minuto que pasa sin hablar, es peor”, añade.
García Roca considera que la propuesta soberanista, que califica de “provocación en la que no se debe caer” y de “disparate democrático”, es actualmente una mera declaración de intenciones. Sin embargo, en el momento en que sea aprobada por el Parlament, la cosa cambiaría. En ese caso, “podría recurrise ante el TC”, que es lo previsible, lo que conllevaría su suspensión cautelar de forma automática si es admitida a trámite.
Y a partir de ahí, si desde las instituciones catalanas se ignora la suspensión por parte del tribunal, como se sugiere en la inicativa de Junts pel Sí y la CUP, los problemas se agravan. “Al ser una declaración del Parlamento, por sí sola no produce efectos materiales. Expresa un deseo, una voluntad, pero para materializarse sería el Gobierno de la Generalitat el que tendría que empezar a actuar”, explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Eduardo Vírgala.
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